Cuando el 11 de junio de 2002 se publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, culminó la gestación de un proceso que rebasaba la materia de la nueva ley. El mandato a las instituciones gubernamentales de abrir sus puertas y archivos al escrutinio ciudadano trajo consigo el progreso de otros elementos imprescindibles para la democracia: la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción.
Esto fue resultado de una creciente participación de las organizaciones civiles en la reforma a los instrumentos jurídicos del viejo régimen.
En esta obra se reivindica el mérito de esos actores, mediante un minucioso análisis de las acciones del Grupo Oaxaca y del colectivo Juan Ciudadano, quienes llevaron a cabo la campaña mediática, las negociaciones con los legisladores y la redacción del proyecto de ley que al final superaría a las iniciativas oficiales.